La gestación subrogada recibe cada vez más atención como un tema polémico en el que hay posturas encontradas. Se han interesado por ella desde la Conferencia de la Haya al Parlamento Europeo, pasando por todo tipo de grupos políticos y ONG´s.
El debate está completamente abierto porque algunos grupos proponen la prohibición de la subrogación, mientras que otros exigen que sea regulada en cada vez más países.
Con estas líneas queremos hacer nuestra aportación desde el día a día con familias y gestantes. Nos vamos a centrar en el papel que tienen los derechos de las mujeres en esta práctica, y cómo pueden favorecerse y potenciarse.
Desde una perspectiva de derechos, la gestación por sustitución es una técnica sensible por varios motivos:
– Los contratos entre gestantes y futuros padres son en su mayoría irrevocables una vez se ha transferido el embrión o los embriones. Esto significa que se toman decisiones muy importantes para las personas implicadas sobre las que más tarde no podrán cambiar de opinión.
– Se trata de un proceso con implicaciones y riesgos evidentes para la salud de la mujer.
– En la mayoría de los casos, existe una compensación económica a la gestante. Todo movimiento económico en torno a un proceso médico implica la posibilidad de que exista una desigualdad de partida y debe someterse a un control estricto.
Desde la creación de Interfertility, encontrar formas de garantizar el respeto a los derechos de las mujeres con quienes trabajamos ha sido una prioridad. Tomamos la decisión de operar en países menos garantistas con los derechos femeninos que Estados Unidos después de muchas reflexiones e investigaciones; y nuestros primeros contactos se dirigieron a las organizaciones feministas locales, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida – GIRE (México) o el centro feminista y de lucha contra la trata de blancas La Strada (Ucrania). Tras estos contactos, hemos concluido que la presencia de la sociedad civil en los procesos de gestación subrogada tiene que ser reforzada. Nadie mejor que quien lleva años defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de la población local para garantizar que los procesos tienen un enfoque adecuado.
En este tiempo hemos llegado a una serie de conclusiones respecto a cuáles han de ser las condiciones que deben cumplirse para que los derechos de las mujeres estén garantizados:
– Debe garantizarse el consentimiento plenamente informado. Ninguna mujer debería ser gestante sin tener claros todos los riesgos físicos que pueden acarrear los tratamientos a los que se someta, así como las implicaciones legales de los contratos que firma.
– Las partes no deben encontrarse en una situación de desigualdad extrema. Incluso cuando el proceso se produce en países con una situación económica precaria, las mujeres que participan en estos programas han de tener una situación financiera y familiar estable (1*) .
– Los contratos deben ofrecer seguridad a las gestantes. Los futuros padres (o en su caso empresas consultoras como Interfertility) deben encargarse de comprobar que la gestante tiene plena cobertura sanitaria y que los peores escenarios están contemplados. Las gestantes deben contar con asesoramiento legal independiente (2*); idealmente, este asesoramiento debiera estar vinculado a la sociedad civil y a las organizaciones que trabajan en materia de derechos sexuales y reproductivos.
– La posibilidad de interrumpir o no el embarazo en caso de complicaciones ha de ser abordada antes de iniciar el proceso. Sólo debe emparejarse a gestantes y futuros padres que compartan los mismos valores al respecto; y los futuros padres deben comprender que no es posible obligar por la fuerza a una gestante a interrumpir el embarazo o continuar con él si no lo desea. El cuerpo de la mujer es un territorio inviolable, sobre el que debe tener control hasta el final del proceso. Esto no es óbice para que se establezcan una serie de mecanismos que protejan también a los futuros padres frente a decisiones arbitrarias o posibles conflictos que pudieran suponerles pérdidas morales o económicas.
– Debe haber una protección especial frente a cualquier forma de violencia obstétrica, tales como las cesáreas no indicadas médicamente o la transferencia de un número excesivo de embriones. Consideramos que el objetivo a medio plazo ha de ser la transferencia de un único embrión ya testado genéticamente; y actualmente en Interfertility hemos situado el máximo en dos.
Para muchas mujeres ser gestante es considerada la mejor experiencia de toda una vida. Muchas de ellas explican que ayudar a otra persona a tener un hijo les hace sentirse importantes, valoradas; satisfechas por ejercer un acto infinitamente solidario y lleno de amor. Además, ser gestante es una forma de contribuir no sólo a hacer felices a otros seres humanos, sino a traer nuevas vidas al mundo. Quizás nadie lo explique mejor que las mujeres de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, que actualmente ven impedido este deseo y cuestionadas sus motivaciones. Para los profesionales que trabajamos en este sector (en muchos casos después de pasar por la experiencia de ser gestantes) es muy importante garantizar que este deseo se cumple de forma segura.
La práctica nos permitirá ir mejorando cada vez más estas condiciones; y nos gustaría compartir estas líneas para recibir comentarios y propuestas de las personas y organizaciones interesadas en que algún día la gestación subrogada sea una realidad en España.
Nuestras puertas están abiertas para quien quiera conocer o aportar más a esta realidad; sean investigadores, periodistas, activistas o simples ciudadanos/as inquietos/as. ¡Os esperamos!
1. En el debate con alguno de los grupos feministas antes mencionados, se nos invitó a reconsiderar este planteamiento. Se nos argumentó que excluyendo a las mujeres en situación de pobreza, les estábamos sometiendo a una doble victimización e impidiendo el acceso a unos recursos que tal vez no podrían obtener de otra forma; limitando sus opciones a vías menos satisfactorias y más dolorosas, como el empleo en el sector textil o el servicio doméstico. A pesar de comprender este argumento, pensamos que la decisión de ser gestante no puede ser tomada libremente desde una situación de necesidad absoluta; y que un embarazo centrado en el acceso imperioso a la compensación económica implica riesgos inasumibles.
2. A día de hoy, esta cuestión es la única que pensamos que debe mejorarse urgentemente en alguno de los países donde trabajamos, puesto que en Ucrania la ley no establece este requisito.
